El 1 de octubre de 2019, un bus de la empresa Expreso Internacional Palomino partió de Cusco rumbo a Puerto Maldonado. Nunca llegó.
Esa noche, del kilómetro 144 cerca de Marcapata, el bus cayó por un abismo de casi 300 metros, dejando 21 muertos y 32 heridos.
La tragedia conmocionó al sur del Perú, pero lo que vino después reveló algo mucho más oscuro que un simple accidente.
Han pasado seis años y nadie ha sido condenado. La empresa cambió de nombre y sigue operando, y las familias de las victimas, entre ellas, Almendra Pacheco Gonzalez, quien perdió a su padre esa noche, siguen esperando justicia.
En la madrugada posterior al accidente, familiares como Almendra se enteraron, no por las autoridades, sino a través de noticias en Facebook y otras redes sociales. Un claro indicio de mala gestión por parte de las autoridades. Al llegar al lugar, los familiares de las víctimas se encontraron con una escena dantesca: sus seres queridos habían sido colocados debajo del autobús, en el compartimento de equipaje, sin ninguna dignidad ni respeto.
Los informes oficiales:
La investigación policial (Informe Técnico 0152-2019/UPIAT) descartó fallas mecánicas. La causa fue humana — y sistémica.
El chofer, había trabajado más de 10 horas seguidas. Estaba agotado. La empresa le había asignado otra ruta extensa apenas unas horas después de llegar de Lima a Cusco.
Tras la tragedia, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) descubrió una verdad más profunda:
Palomino obligaba a sus conductores a trabajar hasta siete días seguidos sin descanso.
En 2020, SUNAFIL emitió una resolución que documentaba graves infracciones de las normas de seguridad laboral. La empresa fue multada con 2 millones de soles. Sin embargo, la familia Palominos impugnó la multa. INDECOPI —a través de la Resolución N.º 0787-2025/SPC-INDECOPI— confirmó la responsabilidad directa de Palomino. La multa, de 450 UIT, fue confirmada. Sin embargo, nadie fue encarcelado. Los propietarios apelaron y continuaron operando.
Un sistema que protege a los poderosos
Para las familias de las víctimas, el camino hacia la justicia ha sido una pesadilla. Tres fiscales han pasado por el caso.
Uno fue retirado por presunta corrupción. Aceptó una botella de Whiskey para cerrar el caso en silencio. Por suerte, lo capturaron antes de que pudieran cerrar el caso. Sin embargo, esto nos recuerda crudamente cómo los actores corruptos en Perú desprecian la vida humana.
Además, no se ha realizado ningún juicio desde que el expediente ingresó a la etapa de control de acusación. La familia Palomino, propietaria de la empresa, contrató como abogada a Yeni Vilcatoma, ex congresista vinculada al partido Fuerza Popular.
Según las familias, su intervención coincidió con años de dilaciones procesales y apelaciones interminables, añadiendo una capa de protección política al caso.
Mientras tanto, la empresa cambió su nombre a Turismo Palomino S.A.C. y continúa ofreciendo servicios de transporte a nivel nacional.
El costo humano
Para Almendra y decenas de familiares, esta lucha es profundamente personal. Su padre fue una de las víctimas mortales de aquella noche. Durante seis años, las familias han enfrentado intimidaciones, rechazo institucional y agotamiento, pero continúan exigiendo verdad.
Sus vidas, antes definidas por el dolor, hoy representan una lucha por la memoria y la dignidad.
Más Injusticia
El autobús implicado en el accidente fue rápidamente incinerado por la empresa, una forma eficaz de encubrir su negligencia y cualquier prueba que pudiera haberse utilizado en su contra. Según los archivos de multas de 2019 a 2025, la empresa Expreso Internacional Palomino, ahora conocido como Turismo Palomino, acumula aproximadamente 600 multas que representan un porcentaje considerable de sus utilidades netas. Los dueños del negocio, Wilman Palomino Ortiz, Rosa Palomino Ortiz y Ronmel Palomino Ortiz, siguen viviendo una vida despreocupada, sin pensar en las consecuencias de sus actos. Mientras tanto, las familias afectadas continúan sufriendo y luchando por la justicia que merecen.
Justicia tardía, justicia negada
Han pasado seis años. No hay sentencia. No hay reparación. No hay justicia.
Incluso el propio INDECOPI ordenó que la empresa cubra los gastos médicos de los sobrevivientes —una orden que nunca fue ejecutada.
Aun así, los nombres de las víctimas permanecen vivos en la lucha de sus familias. Este caso no es solo sobre un accidente.
Es sobre un sistema que protege a las empresas y silencia a las víctimas.
