El Accidente de Autobús de Palomino del 1 de Octubre de 2019
El Accidente
El 1 de octubre de 2019, un bus de la empresa Expreso Internacional Palomino que viajaba de Cusco a Puerto Maldonado cayó por un abismo de casi 300 metros cerca de Marcapata. El accidente dejó 21 personas muertas y 32 heridas. El país se conmocionó, pero lo que siguió reveló un patrón de negligencia, encubrimiento e impunidad.
Las investigaciones oficiales descartaron fallas mecánicas. La causa fue humana y estructural: el conductor llevaba más de 10 horas seguidas trabajando y había sido obligado por la empresa a asumir rutas extensas sin descanso. SUNAFIL confirmó que Palomino hacía trabajar a sus choferes hasta siete días consecutivos, violando gravemente las normas de seguridad laboral.
Aunque la empresa fue multada y su responsabilidad confirmada por INDECOPI, nadie fue condenado penalmente. La empresa cambió de nombre a Turismo Palomino S.A.C. y continuó operando a nivel nacional. Incluso una orden para cubrir los gastos médicos de los sobrevivientes nunca fue cumplida.
Durante seis años, las familias de las víctimas —como Almendra Pacheco González, quien perdió a su padre— han enfrentado abandono institucional, retrasos judiciales, presunta corrupción fiscal y una defensa legal con vínculos políticos. El bus siniestrado fue incinerado poco después del accidente, eliminando pruebas clave. A pesar de acumular cientos de multas, los propietarios de la empresa siguen sin rendir cuentas.
Este caso no es solo una tragedia vial. Es el reflejo de un sistema que protege a empresas poderosas, silencia a las víctimas y niega justicia incluso cuando la responsabilidad está probada. Seis años después, no hay sentencia, no hay reparación y no hay justicia.
Exigiendo Justicia
Durante años, decenas de víctimas y familiares han luchado incansablemente por justicia. Desde el primer momento, su búsqueda de verdad y responsabilidad se ha visto obstaculizada por reiteradas dilaciones judiciales, intentos de corrupción, maniobras legales dilatorias y una evidente protección política hacia los responsables. Lejos de recibir apoyo institucional, muchas familias han sido revictimizadas por un sistema que ha priorizado el poder económico y la influencia política por encima de la vida humana, sometiéndolas además a episodios de intimidación y desgaste emocional constante.
En este contexto de abandono e impunidad, Almendra decidió alzar la voz más allá de las fronteras institucionales. A mediados de 2025, se puso en contacto con Sin Fronteras con el objetivo de romper el silencio, visibilizar el caso y buscar apoyo para que la tragedia no quedara en el olvido.
En octubre de 2025, Cody Brown comenzó a exponer públicamente el caso a través del canal de Sin Fronteras. Mediante investigaciones sustentadas en documentos oficiales, registros verificados y un trabajo constante de difusión pública, Sin Fronteras contribuyó a dar visibilidad nacional e internacional a la situación, fortaleciendo la voz de las familias y amplificando sus exigencias de justicia, verdad y rendición de cuentas.
La Represali
Denunciar la corrupción en Perú conlleva riesgos reales y constantes. El trabajo de Almendra y Cody para visibilizar el caso Palomino ha sido excepcionalmente efectivo, y esa visibilidad no ha pasado desapercibida.
Como respuesta, la exdiputada y abogada de la familia Palomino, Yeni Vilcatoma, ha iniciado diversas acciones legales contra Almendra y Cody en un intento evidente por silenciarlos y obstaculizar su labor. Vilcatoma ha presentado múltiples denuncias ante diferentes instancias del Estado, acusándolos de delitos como difamación, acoso, intento de homicidio, poner en peligro la seguridad pública e incitación al odio, entre otros.
Aunque estas denuncias carecen de fundamento legal y no tienen base probatoria, reflejan claramente cómo el sistema judicial peruano puede ser utilizado como herramienta de persecución para intimidar a quienes exigen justicia en un contexto donde la justicia parece beneficiar únicamente a quienes detentan el poder.
La Empresa Palomino
Expreso Internacional Palomino (actualmente operando como Turismo Palomino) es una empresa de transporte peruana propiedad de la familia Palomino.
Investigaciones de Sin Fronteras han revelado un historial prolongado de incumplimientos normativos, con más de 600 multas emitidas por prácticas inseguras y por no mantener ni operar correctamente su negocio.
A pesar de estas infracciones, la empresa continúa operando, evidenciando problemas sistémicos de rendición de cuentas y la protección de intereses poderosos.
Principales Personas Involucradas en el Caso
El caso aún está en desarrollo y se publicarán actualizaciones aquí a medida que se produzcan.